
La reforma laboral aprobada por el gobierno español el pasado día 10 de febrero, marca un antes y un después en las relaciones entre los empresarios y l@s trabajadores.
Es una reforma que prácticamente aprueba el despido libre, permite rebajar los salarios unilateralmente por parte de los empresarios y aprueba la cláusula de descuelgue de los convenios colectivos, primando el de empresa, a los sectoriales, provinciales o estatales.
El gobierno hace pensar que es una reforma para la creación de empleo y no lo es. Crea la figura del ERE express, para los casos de disminución de beneficios o ventas en un periodo de tres trimestres. ¿Qué empresa no ha disminuido beneficios o ingresos por ventas en los últimos nueve meses?. Esto es como legalizar el despido libre.
Hay muchos otros aspectos negativos para los intereses y derechos de los trabajadores; por lo que la reforma, aprobada mediante la figura de Decreto Ley merece una respuesta social y ciudadana contundente.
El "decretazo" ataca el principio social que la Constitucional en su artículo 1 establece: España es un Estado social y democrático de derecho.
Ni un paso atrás; contra la reforma, movilizaciones y huelga general